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QUEJA ACTUACION JUEZA VITORIA

Publicado en .Noticias

Madrid, a 7 de marzo de 2016

Querida Presidenta,

Por la presente vengo a poner en tu conocimiento que desde el Consejo General de la Abogacía Española nos adherimos a la queja presentada por la Asociación Clara Campoamor ante el CGPJ contra la titular del Juzgado de Violencia N5 1 de Vitoria-Gastéiz, del Carmen Molina Mansilla. Solicitamos, que la suspenda o aparte del Juzgado de Violencia N5 1, dado que su interpelación el pasado día 16 de febrero a la denunciante de violencia de género por maltrato habitual y agresiones sexuales, en la que solicitaba una Orden de Protección, denota una falta de sensibilidad absolutamente imprescindible en los Juzgados que conocen de las denuncias por violencia de género. Así, en el corte del video se escucha con claridad en el interrogatorio cómo la Jueza pregunta a la denunciante: ¿Le forzó? ¿Cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos?

Pues bien, desde la Abogacía Institucional venimos a formular nuestra más enérgica protesta contra esta Jueza por entender, no solo porque poco importa la posición de las piernas de la víctima cuando lo que se está forzando es su voluntad, sino porque además, con esas preguntas, se evidencia una total falta de empatia con la presunta víctima y una ausencia de formación especializada en los términos que establecen los principios rectores del art. 2 y art. 47 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Igualmente contraviene lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, en concreto:

Art. 3. Derechos de las víctimas: 1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. 2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación especial y en las normas procesales que resulten de aplicación.

Art. 19. Derecho de las víctimas a la protección. Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada.

Por ello, como quiera que desde este Observatorio todas las Instituciones trabajamos insistiendo en la necesidad de exigir la adecuada formación, concienciación y sensibilización de todos aquellos que intervienen con la víctima de violencia, nuestro esfuerzo queda burlado cuando vemos que -como en esta ocasión- hay Juzgados en los que se sigue una práctica que contraviene lo dispuesto de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo ello insistimos en formular esta queja y solicitamos que le des el trámite oportuno.

Sin otro particular, recibe un abrazo

Filomena Peláez
Presidenta de la Subcomisión de violencia de género.
Consejo General de la Abogacía Española.