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Por el presente se comunica, que, los juzgados, tribunales y servicios sitos en la sede de la Calle Goya, Nº.14 de la Audiencia Nacional, se trasladan a una nueva sede sita en el Paseo de la Castellana, N.º 14 de Madrid.

- Los números de teléfono de los juzgados, secciones y servicio común de registro y reparto no varían con el cambio de sede.
- Las direcciones de los correos electrónicos no varían con el cambio de sede.
- Posibles cambios de fechas o de salas donde celebrar los juicios serán comunicados directamente por los órganos judiciales a ustedes.

En cumplimiento del Real Decreto 1065/2015, el documento principal que se envía por Lexnet debe cumplir los requisitos de PDF/A y OCR integrado.

¿QUE ES PDF/A?

Es un tipo de formato PDF que GARANTIZA el archivo a largo plazo (no depende de la versión de PDF), INCLUYE dentro del propio fichero todo lo necesario (fuente de texto, color, etc.) y NO incluye referencias a fuentes externasPodemos comprobar si un PDF está grabado en formato PDF/A si así lo indica al abrirlo.

¿QUE ES OCR?

Son las siglas de reconocimiento óptico de caracteres, y permite IDENTIFICAR el texto que contiene una imagen o fotografía. Podemos comprobar si un PDF tiene OCR integrado si al visualizarlo nos permite seleccionar y copiar el texto con el ratón. Si solo podemos seleccionar un area de la imagen, no disponemos de OCR integrado. 

Si utilizamos Word para crear el documento principal, no tendremos problemas para ninguno de los dos requisitos. Simplemente debemos elegir el formato PDF/A al guardar o exportar el archivo.

GUARDAR UN ARCHIVO WORD EN FORMATO PDF

Al seleccionar el formato para guardar, elegir OPCIONES y formato compatible PDF/A

Si lo que hacemos es escanear el archivo, deberemos optar por alguna de estas opciones:
• Configurar en la maquina o aplicación que se utilice el formato PDF/A con OCR (en aquellas que lo permita)
• Tratar el PDF con alguna aplicación que nos ejecute el OCR sobre un PDF y guardar el documento generado en formato PDF/A 

El derecho de defensa como pilar constitucional.

Esta semana, el Colegio de Abogados de Badajoz ha recibido un inmerecido protagonismo como consecuencia de uno de esos latigazos de desinformación que con más frecuencia de lo que todos quisiéramos sacude a nuestra sociedad. Con ocasión de la muerte violenta de una educadora social, ocurrida en una vivienda tutelada de esta ciudad en la que se encontraban tres menores de edad, algunos medios de comunicación se han hecho eco de la falsa noticia de que ningún abogado de Badajoz quiso ejercer la defensa de los menores. La aseveración, que algunos articulistas convertían de forma maliciosa en un acto de cobardía por parte de los letrados de oficio, se ha formulado sin conocer lo esencial de lo sucedido ni las motivaciones de las decisiones adoptadas.

Quienes ahora se envuelven en la ficticia toga de los derechos constitucionales ignoran que son precisamente los 40.0000 abogados del Turno de oficio con los que contamos en España los que hacen realidad el derecho constitucional de defensa, a cambio de lo cual reciben tarde y mal remuneraciones que en el mejor de los casos apenas cubren sus gastos de desplazamiento.

Hubiera bastado a aquellos medios que se han hecho eco de la falsedad haber llamado al Colegio de Badajoz y haberse comunicado con su decano, tal y como hicieron numerosos periodistas, para recibir la explicación que desmonta el titular. Quienes la difundieron y se consideran profesionales de la información llevan en su falsedad el castigo de su precipitación.

Para quienes quieran saber lo que realmente sucedió, este Colegio quiere aclarar que la provincia de Badajoz, la más grande de España, está dividida en 14 partidos judiciales. El partido judicial de la capital cuenta en cada una de sus guardias de 24 horas con dos compañeros del servicio de asistencia letrada al detenido especializados en menores de edad. Pues bien, el día de autos se dio la circunstancia que en los dos compañeros de guardia se producía un evidente conflicto de interés. Uno de ellos había sido contratado como acusación particular, lo cual le imposibilitaba ejercer al mismo tiempo la defensa. En el segundo se daba una relación de parentesco con un familiar de la víctima.

También es conveniente clarificar para quienes desconocen la especialidad que mientras que la legislación permite a la Policía prorrogar la detención de los adultos un máximo de 72 horas, en el caso de los menores de edad este plazo se limita a 24 horas.

La concurrencia de ambas circunstancias llevó al Colegio a adoptar la decisión que parecía más sensata y que fue requerir la actuación de compañeros que estaban de guardia de menores en otros partidos judiciales cercanos. No está de más recordar que todos los miembros del Turno de oficio adscritos a la asistencia letrada al detenido menor de edad de la provincia de Badajoz están perfectamente capacitados para la asistencia a cualquier clase de delito. Esa asistencia no será ni mejor ni peor por la distancia a la viva el letrado de la comisaría o el juzgado donde se practican las diligencias.

Quienes se han precipitado a informar sin conocer la verdad o incluso han preferido entregarse a descalificar a profesionales que generosamente defienden a quienes no pueden pagarse su defensa legal deberían reflexionar. Deberían pensar si obtener una mayor difusión justifica el tamaño de la mentira. Y, tampoco estaría de más, deberían pedir disculpas a quienes bien han insultado, bien han descalificado en base a suposiciones sin contrastar.

LA JUNTA DE GOBIERNO
Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz